En la última semana de este año 2023 ha sido enviada al Congreso Nacional para su tratamiento una ley con el título de BASES Y PUNTOS DE PARTIDA PARA LA LIBERTAD DE LOS ARGENTINOS y conocida como Ómnibus (interesante: origen latino, y significa para todos).
Entre los numerosos aspectos que toca, algunos hacen al negocio educativo. Comentaremos dos de ellos: el primero, en referencia a la consideración de la estadística educativa dada por las pruebas Aprender y por una hipotética evaluación postegreso del nivel medio; el segundo, sobre la formación docente continua y unas hipotéticas evaluaciones periódicas al personal educativo.
Hablar de estos dos aspectos importa aquí porque significa poner en consideración, en primer lugar, el flagelo de las capacitaciones basura, y luego, el sinceramiento o no sinceramiento de la educación. Antes de comentarlos, sin embargo, es necesario mencionar un aspecto importante de cualquier iniciativa nacional del ámbito educativo.
De todos los asuntos importantes de la República Argentina, el que menos interesa a la política y a los gobiernos es la educación, y, de todos estos asuntos vitales, es el único que es completamente federal (se piensa en educación como un asunto nacional porque cada uno de los sistemas educativos provinciales coinciden en una concepción política ideológica que es la llamada educación inclusiva).
Esto significa que el jefe directo de cada educador argentino, su empleador, es su gobernador. Y es, por ende, quien hace la política educativa de su territorio: es quien deposita a fin de mes el salario, es el que dispone las condiciones de contratación, es el que ordena las condiciones de egreso de la población estudiantil, es el que decide si se arregla un techo o no, etc.
Las disposiciones, leyes e ideas que se crean a nivel nacional, es justo decirlo, por lo general importan poco.
También es justo decir, por tal motivo, que existe la posibilidad de que estas modificaciones que entran en tratamiento legislativo, en caso de ser aprobadas, pueden tener bifurcaciones diversas en su largo camino hacia el territorio de la realidad, y uno de ellos puede ser el olvido.
La posibilidad de que se materialicen es lo que da sentido a este artículo y al breve desarrollo de estos dos puntos.
La educación en nivel inicial, primario y secundario, en cuanto a método de contratación y promoción del personal docente, está regida por un sistema de puntos. El personal docente se ve obligado, en pos de obtener estos mentados puntos para poder acceder a un puesto de trabajo, a realizar todo tipo de capacitaciones basura, que son las únicas que otorgan tal puntaje.
Esto ha provocado dos cosas: una, la fundición total de este vetusto sistema (que debe ser cambiado por completo), y, lo peor, que los educadores transiten años y décadas de carrera sin darse a sí mismos una formación real, pertinente, útil, etc.
Dicho esto, los interrogantes en cuanto esta posible nueva disposición legal son: ¿qué tipo de evaluación periódica tendrán los educadores? ¿Se evaluará sobre cuestiones pertinentes a su área de trabajo y a las habilidades que hacen a un desempeño óptimo acorde a los tiempos que corren, o se tomará como base las capacitaciones basura?
Un ejemplo más específico: ¿se evaluará si un educador domina y utiliza la tecnología en su labor o se lo evaluará en cuanto a medio ambiente y métodos de recolección de plásticos extraviados?
Los gobiernos provinciales, ¿aprovecharán una disposición que los faculta a una evaluación continua como método para forzar aun más al cursado de las capacitaciones basura, u optarán por la contraria, por promover la formación profesional y específica para sus empleados?
Desde estas columnas, se embandera esta posición: formación específica, pertinente y continua, BIENVENIDA; competencia entre instituciones y entre educadores, BIENVENIDA, exigencia académica y técnica al máximo para los educadores, BIENVENIDA.
Sin embargo, también se advierte: no hay cuadros técnicos en la gestión educativa para estos menesteres. La burocracia educativa es, precisamente, la que promueve las capacitaciones basura.
Yendo un poco más allá: ¿quién o quiénes serán los encargados de diseñar y disponer estas evaluaciones? ¿Serán encomendadas a las universidades? ¿Qué tipo de evaluaciones podrían desarrollar, con su altísimo grado de ideologización y posicionamiento político tan expresamente contrario a quien promueve estas medidas?
Decimos que los gobiernos provinciales son los que disponen las condiciones del sistema educativo, y estos, por lo general, coinciden en su método: la educación inclusiva.
La educación inclusiva, entre otras muchas, tiene estas características: prohíbe la alta exigencia, se rige con un sistema de asistencia con regularidad casi infinita y flexibiliza al máximo las reglas para el progreso y promoción año tras año.
El agregado en la reciente ley que comentamos plantea una evaluación, una vez terminado el secundario, que mida las habilidades en cuanto a lectocomprensión y matemáticas. La idea, de hecho, es la implementación de evaluaciones periódicas en pos, se supone, de tener una estadística fiable del funcionamiento y el nivel de la educación argentina.
Esto provocaría, ineludiblemente, un sinceramiento.
Queda en evidencia, entonces, una discordancia entre sistema de educación inclusiva y un sistema de evaluaciones y estadísticas, dado que la segunda debe ser veraz.
Los interrogantes a este respecto: ¿Qué harán los gobiernos provinciales, continuarán con la educación inclusiva u optarán por un sinceramiento total de la educación?
Desde estas columnas se sostiene: sinceramiento total de la educación, BIENVENIDO, evaluaciones continuas en pos de tener estadísticas sobre el preciso estado y evolución de la educación, BIENVENIDAS. Es más, mi jurisdicción, San Luis, no debería basarse ni esperar a una evaluación diseñada y promovida por el gobierno nacional: debería desarrollar la suya.
Quedando todo en el terreno de lo hipotético, por el momento, puede que con este despacho, el último del año, sea suficiente.
Será hasta el 2024.